CRISIS AGRICOLA

El maíz es aún el primer cultivo en México. En superficie, valor producido y personal ocupado, su participación es de lejos la más importante en el país. Su cultivo se expande sobre distintos contextos geográficos, ecológicos y sociales, a la vez que incorpora diversos tipos de  productores y tecnologías. Por otra parte, el grano sigue siendo el núcleo de las dietas nacionales, proporcionando la mayor parte de las calorías y proteínas consumidas por la población

Protegido por las políticas oficiales hasta 1994 y por el impacto devaluatorio al año siguiente, el maíz dio muestras de resistencia incluso cuando el modelo agrícola dejó de favorecerlo. A últimas fechas, sin embargo, este espectro  de fortaleza empieza a desvanecerse: en 1995 se detiene su avance productivo, situación que a partir de entonces es de retroceso. Cultivo temporalero en su mayor parte, afronta con dificultades la adversidad climatológica, particularmente aguda en fechas recientes. Sin embargo, este factor, pese a su importancia, no es el único en la explicación del fenómeno: más bien parece entrelazado con otro, de índole menos natural, cuyo impacto es insoslayable. Se trata de su inserción en el universo de las ventajas comparativas y a las fluctuaciones internacionales. Programada su apertura para un plazo de quince años, esta situación no se cumple, pues ya hoy se importa el grano que se quiere sin restricciones ni aranceles. Ello implica que el maíz como los demás granos, ingresa a una etapa riesgosa y amenazante, dado que difícilmente puede hacer frente a los retos que impone el nuevo modelo.

Para Magda Fritscher,la incorporación del maíz al TLC, pactada en 1992, fue el preámbulo de un nuevo giro en las políticas para el grano. Concebido el Tratado como un acuerdo de apertura total entre ambos países, poco margen quedaba para la continuidad de las políticas previas de protección. Así, de igual forma que los demás granos, el maíz ingresaría a partir de la puesta en marcha del Acuerdo en un periodo de abrupta transición. Las nuevas directrices contemplaban, además de su liberalización, un cambio radical en la política de subsidios, con el paso de los apoyos administrados por la vía de los precios a un sistema de pagos directos a los productores. Así, también, los sistemas estatales de comercialización tendieron a ser cancelados, transfiriéndose esta actividad a agentes privados. Las ayudas a través de los insumos y tasas de interés declinaron bruscamente, con la privatización y reestructuración de las empresas estatales.

Conocida la enorme brecha de costos y rendimientos entre el maíz estadounidense y el mexicano, era evidente que el último tendería a sucumbir, convirtiendo a México en una enorme plataforma importadora. Salvo un escaso margen de productores competitivos, saldría afectada por las nuevas disposiciones la mayor parte de los sectores que destinan su grano a la venta, ya sea que procedan de riego o temporal, sean empresarios o campesinos que comercialicen sus cosechas en forma total o parcial. De ello supuestamente quedaban al margen los productores de subsistencia que, al no vender el grano, tampoco se exponían a la competencia foránea. Sin embargo, de hecho, el esperado colapso de los maiceros comerciales alcanzaría también en forma indirecta al sector de subsistencia, al bajar la tasa de ocupación agrícola. Preocupado el gobierno por los efectos empobrecedores de la nueva política, diseño un proyecto de ayuda a los maiceros más pobres destinado a compensar dichos daños. Nació así el Procampo, un nuevo programa de subsidios, encaminado, según el discurso oficial, a extender el apoyo a la totalidad de los productores, no sólo a los comerciales

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